Canal Critica
La juventud española avanza con una mochila cada vez más pesada. En ella carga la precariedad laboral, los alquileres imposibles, la falta de expectativas y la sensación de que el futuro se ha convertido en una promesa vacía. Mientras los discursos políticos hablan de innovación, crecimiento y oportunidades, miles de jóvenes se preguntan algo mucho más básico: ¿podremos algún día tener una vivienda, un trabajo estable y una vida propia?
España es un país que exige a sus jóvenes una preparación extraordinaria para ofrecerles, a cambio, empleos temporales, salarios insuficientes y contratos que no permiten construir ningún proyecto. Se les pide estudiar, formarse, aprender idiomas, acumular másteres y experiencia. Sin embargo, cuando terminan su preparación, descubren que muchas empresas buscan trabajadores jóvenes, altamente cualificados y dispuestos a cobrar poco, aceptar horarios imprevisibles y vivir pendientes de una renovación contractual.
La vivienda se ha convertido en uno de los mayores obstáculos. Comprar una casa parece una posibilidad reservada para quienes cuentan con ayuda familiar, herencias o empleos muy bien remunerados. Alquilar tampoco resulta sencillo: los precios han aumentado mucho más rápido que los salarios, especialmente en las grandes ciudades. Muchos jóvenes destinan la mitad de sus ingresos, o incluso más, a pagar una habitación. Otros deben compartir piso durante años, regresar al hogar familiar o marcharse lejos de sus ciudades y familias.
No se trata de una falta de esfuerzo. Se trata de un sistema que ha normalizado que una persona adulta no pueda independizarse. Se ha repetido demasiadas veces que los jóvenes deben “esperar”, “sacrificarse” o “buscarse la vida”. Pero ¿cuánto tiempo deben esperar? ¿Hasta los treinta y cinco, los cuarenta? ¿Hasta que puedan permitirse una vivienda cuando ya hayan pasado los años fundamentales para desarrollar su vida personal y familiar?
La independencia no debería ser un lujo. Tener un hogar, un empleo digno y tiempo para vivir no son privilegios, sino condiciones básicas de una sociedad equilibrada. Sin embargo, muchos jóvenes trabajan para sobrevivir, no para progresar. Después de pagar el alquiler, las facturas y la comida, apenas queda dinero para disfrutar, ahorrar o afrontar una emergencia. La vida se convierte en una sucesión de meses esperando que nada salga mal.
Esta situación también afecta a la salud mental. La ansiedad, la frustración y el agotamiento aumentan cuando una persona siente que, haga lo que haga, no puede avanzar. La incertidumbre permanente desgasta. No saber dónde se vivirá el año siguiente, si se conservará el empleo o si se podrá pagar una reparación inesperada produce una inseguridad profunda. Y, aun así, se acusa a los jóvenes de no querer comprometerse, de no comprar viviendas o de retrasar la maternidad y la paternidad. La pregunta debería ser otra: ¿cómo van a formar una familia quienes no tienen estabilidad?
Mientras tanto, la política parece atrapada en la confrontación. Los partidos discuten, intercambian acusaciones y anuncian medidas que con frecuencia no alcanzan a quienes más las necesitan. Se habla mucho de los jóvenes durante las campañas electorales, pero se gobierna pensando a menudo en otros grupos de edad, porque son quienes votan en mayor número. La juventud aparece en los discursos como una imagen, una etiqueta o una promesa, pero no siempre como una prioridad real.
¿Qué deberían hacer los políticos? En primer lugar, abordar la vivienda como una emergencia social. Es necesario aumentar de forma seria el parque público de alquiler, controlar los abusos en las zonas más tensionadas y fomentar viviendas asequibles, no únicamente promociones destinadas a obtener beneficios. También deben facilitar la rehabilitación y el acceso a alquileres dignos sin convertir las ayudas en una transferencia indirecta de dinero público a propietarios que suben los precios.
En el ámbito laboral, hace falta acabar con la falsa normalidad de la precariedad. Los jóvenes necesitan contratos estables, salarios que permitan vivir y oportunidades de promoción. No basta con celebrar que baja el desempleo si los nuevos empleos son parciales, temporales o insuficientes. La formación profesional, la universidad y las empresas deben estar mejor conectadas, pero sin convertir la educación en una fábrica de trabajadores baratos.
También es imprescindible mejorar el transporte, la sanidad mental, las becas y la conciliación. Un joven que vive en una ciudad pequeña debe tener oportunidades sin verse obligado a emigrar. Y quien quiera formar una familia no debería elegir entre trabajar y cuidar. Las políticas públicas deben permitir que la maternidad y la paternidad no sean una condena económica.
Pero los jóvenes no solo necesitan medidas: necesitan ser escuchados. No pueden ser tratados como menores permanentes ni como un problema que debe esperar su turno. Son ciudadanos del presente, no únicamente del futuro. Tienen derecho a participar en las decisiones que afectan a su vida y a exigir resultados concretos.
España no puede permitirse perder a una generación entre habitaciones compartidas, contratos temporales y promesas electorales. Si la juventud no puede independizarse, trabajar con dignidad ni imaginar un futuro, el problema no es individual: es político y colectivo. Ha llegado el momento de dejar de pedir paciencia y empezar a ofrecer soluciones. Porque una sociedad que abandona a sus jóvenes no está protegiendo el futuro; está renunciando a él.
