Metropoli
El Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat ha dado un paso decisivo para frenar el impacto de la presión inmobiliaria en sus barrios.
En el Pleno municipal celebrado el pasado 25 de febrero, se aprobó de forma inicial la modificación del Plan General Metropolitano (PGM).
El objetivo principal de esta medida es regular el uso residencial colectivo y evitar que la proliferación de alojamientos temporales reduzca el parque de vivienda destinado al uso habitual de los vecinos.
Veto total a los pisos turísticos
La nueva normativa es estricta respecto a los usos permitidos en las áreas de la ciudad calificadas urbanísticamente para albergar viviendas.
Fachada del Ayuntamiento de Esplugues
A partir de ahora, en estas zonas quedará totalmente prohibida la implantación de viviendas y apartamentos turísticos, así como otros modelos de alojamiento residencial colectivo como los colivings, las residencias de estudiantes o las residencias para la tercera edad.
Con esta decisión, el consistorio busca blindar el suelo residencial para garantizar que se destine exclusivamente a hogares de alquiler estable o compra para los ciudadanos, protegiendo así el tejido vecinal y el comercio de proximidad frente a la especulación.
Además, la aprobación de este trámite --que ahora se somete a exposición pública-- conlleva la prórroga por un año de la suspensión de licencias para construir nuevas residencias o ampliar las ya existentes, una moratoria que ya llevaba un año en vigor.
Visitantes llegando a pisos turísticos en Barcelona / HUGO FERNÁNDEZ
Sigue los pasos de Barcelona
Esplugues se suma a la tendencia metropolitana para erradicar la presión turística del mercado inmobiliario.
La ciudad sigue la estela de Barcelona, cuyo alcalde, Jaume Collboni, ya anunció el ambicioso plan de eliminar las más de 10.000 licencias de pisos turísticos de la capital catalana de cara a 2028.
Sin embargo, el cerco a este modelo de alojamiento se está extendiendo rápidamente por los municipios limítrofes para evitar un 'efecto rebote'.
Un ejemplo muy reciente es el de Badalona, que este mismo mes de marzo de 2026 ha anunciado que prohibirá totalmente las viviendas de uso turístico antes de este verano.
A este frente común metropolitano también se han alineado o están estudiando restricciones severas otras grandes ciudades del entorno como L'Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Sant Adrià de Besòs y Sant Feliu de Llobregat, consolidando un frente unitario para blindar el derecho a la vivienda en toda el área de influencia de la capital.
Turistas en una imagen de archivo
Reorganización del mapa hotelero local
El sector hotelero también se verá directamente afectado por esta modificación urbanística.
La nueva regulación establece que no se podrán abrir establecimientos hoteleros en los barrios con mayor concentración de población, como son el Centre, La Plana, Montesa y Can Vidalet, siempre que se trate de solares cuyos usos sean compatibles con la vivienda.
No obstante, el Ayuntamiento no cierra la puerta al turismo y los negocios, sino que los reubica. La normativa establece que los nuevos hoteles sí estarán permitidos en sectores estratégicos de actividad económica, mencionando específicamente áreas como el barrio del Gall o Porta Diagonal, donde se concentrará a partir de ahora este tipo de crecimiento.
Consenso en el gobierno
El dictamen logró salir adelante gracias a los votos a favor del equipo de gobierno, compuesto por el PSC, Esplugues en Comú Podem (EeCP) y la concejala no adscrita.
La portavoz socialista, Montse Pérez, defendió que la prioridad es "garantizar que el suelo se destine a vivienda de uso habitual y prohibir el uso turístico" en las zonas con más vecinos y comercio.
En la misma línea, Jordi Pérez (EeCP) alertó sobre la presión del mercado global, que "transforma la vivienda en un producto de inversión, reduce la oferta de alquiler y encarece los precios".
División en la oposición
Por su parte, la oposición mostró posturas muy diversas frente a la medida. ERC y Vox optaron por la abstención, aunque por motivos diferentes.
El republicano Roger Martínez apoyó frenar los usos turísticos, pero dudó de que el suelo terciario acabe destinado a oficinas en lugar de ofrecer "algún tipo de solución habitacional", mientras que Daniel Lafuente (Vox) criticó las restricciones a las residencias de ancianos.
Finalmente, PP y Junts votaron en contra. Desde las filas populares, Agustín Parra advirtió del riesgo de que la norma acabe siendo "una puerta de atrás para que se encarezca aún más la vivienda".
Por el lado de Junts, Iban Salvador criticó la reubicación de hoteles y residencias hacia las zonas económicas, lamentando que se concentren en "espacios donde no se han hecho los deberes en movilidad".
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