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En otras palabras, los ascensores deben superar una inspección técnica con una periodicidad que varía según el uso y la ubicación. Si son edificios públicos —como hospitales o centros comerciales— tendrán que hacerlo cada dos años, y si son viviendas con más de 20 viviendas o cuatro plantas, cada 4 años. Para edificios pequeños o unifamiliares, la frecuencia es cada 6 años.

Pues bien, es en esta inspección donde se revisa el cumplimiento de las normativas. Y si se detecta que en algún momento no se adapta a lo que exige la ley, el inspector lo anota en el informe para que pueda corregirse en un plazo que también varía según lo que deba hacerse. Por ejemplo, corregir un nivelado de la cabina no es lo mismo que reemplazar las guías. En cualquier caso, la empresa de mantenimiento de ascensores es la responsable de realizar los ajustes. Y el coste puede oscilar entre 1.000 y 40.000 euros, cuando hay que reemplazar todo el ascensor.
Teléfono en la cabina o sensores en las puertas automáticas
El Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña calcula que tres de cada cuatro ascensores catalanes tienen una media de 30 años y, por tanto, tendrán que adaptarse al estándar. El texto —que puede consultar en este enlace— es el RD 355/2024 del Ministerio del Interior y establece siete medidas mínimas de seguridad:
- Nivelación de la cabina: para evitar el escalón que hace que alguien tropiece.
- Protección del usuario contra el cierre de puertas: con la instalación de barreras infrarrojas en puertas automáticas.
- Protección del usuario contra movimientos ascendentes descontrolados de la cabina.
- Comunicación bidireccional en la cabina: Es como tener un teléfono dentro del ascensor que permite a los usuarios atrapados pedir ayuda a un centro de rescate.
- Sustitución de guías: la normativa exige la sustitución, especialmente, de las de madera o cilíndricas porque se consideran menos seguras.
- Dispositivos de control de carga: debe existir un sistema que detecte y evite la sobrecarga de la cabina.
- Contrapesos: la normativa exige que los contrapesos y sus guías sean revisados y, si es necesario, sustituidos por viejos elevadores para garantizar su seguridad y facilitar la inspección.
El presidente del Gremio de Ascensores Empresariales de Cataluña, Jordi Sarrats Tomàs, señala que esta norma pretende "aumentar la seguridad" de aquellas cosas que podrían tener un poco más de riesgo. En este sentido, señala que "el listón es muy alto y [con esta ley] lo estamos elevando aún más". También señala que, para realizar algunas de las modificaciones, debe llevarse a cabo una "ingeniería específica" y que están involucradas muchas variables como la sensibilidad urbana o arquitectónica. Sarrats explica que, hace años, algunos ascensores formaban parte del proyecto general del edificio porque los arquitectos y maestros constructores intervinieron en la lógica constructiva. "Tenemos que conspirar con todos los que intervienen para no estropear algo que forma parte de nuestra herencia", advierte Sarrats.

"No se trata de preocuparse, ni de huir"
En todo esto, la figura del administrador de la propiedad desempeña un papel clave, acompañando y asesorando a las comunidades que son propietarias del ascensor. En las reuniones, exponen las obligaciones y elaboran un plan económico para gestionarlas.
"Las comunidades entienden esto, cuando hablas de seguridad, nadie se arriesga", explica Elisabet Carbonell, vicepresidenta de la Asociación de Administradores de Propiedades de Barcelona-Lleida. Dice que, en las comunidades, es muy importante explicar las razones de las cosas – la razón – y reitera que "no se trata de causar ansiedad o huir. Se trata de hacer una buena acción y planificar económicamente para que no perjudique a los propietarios".
En este sentido, Carbonell dice que en las comunidades hay diferentes perfiles con distintas situaciones: "Hay personas que viven solas, hay familias... Tienes que adaptarte un poco a los avances." Pero también nos recuerda la importancia de los plazos, y por eso "no podemos adelantar a tres años si tenemos un año de desempeño".
Sin embargo, también es necesario tener en cuenta las consecuencias de no cumplir con la inspección técnica obligatoria de los ascensores. El incumplimiento de la ley puede conllevar el sellado y la parada inmediata del elevador, multas económicas e incluso riesgos legales en caso de accidente.

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