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La frase «estamos hartos; todo está fatal» se ha convertido en una expresión frecuente entre muchos jóvenes y también entre numerosos ciudadanos españoles. No es solo una queja pasajera ni una reacción exagerada ante las dificultades cotidianas. Refleja un malestar profundo provocado por la sensación de que las instituciones no responden, las oportunidades disminuyen y quienes deberían ofrecer soluciones están demasiado ocupados protegiendo sus propios intereses.
Uno de los principales motivos de esta frustración es la percepción de que la política se ha convertido en una profesión beneficiosa para quienes la ejercen. Muchos ciudadanos observan con indignación los privilegios, los sueldos, las dietas, los viajes, las jubilaciones y las ventajas asociadas a determinados cargos públicos. Aunque no todos los políticos actúan de la misma manera, los casos de corrupción, enchufismo, despilfarro y falta de transparencia han deteriorado gravemente la confianza en la democracia. Cuando una familia tiene dificultades para pagar el alquiler, llenar la cesta de la compra o llegar a final de mes, resulta difícil aceptar que algunos representantes disfruten de privilegios que parecen alejados de la realidad social.
El problema no consiste únicamente en cuánto cobran los políticos, sino en la distancia que existe entre sus decisiones y la vida de la mayoría. Con frecuencia se anuncian medidas, planes y promesas que no se traducen en mejoras concretas. La vivienda sigue siendo inaccesible para muchos jóvenes, los salarios no siempre permiten formar un hogar y encontrar un empleo estable se ha convertido en un desafío. Ante esta situación, escuchar discursos triunfalistas produce todavía más enfado. España necesita gobernantes que rindan cuentas, reduzcan el despilfarro y comprendan que ocupar un cargo público no es disfrutar de un privilegio, sino asumir una responsabilidad.
También debe analizarse el papel de las redes sociales. Estas plataformas no han creado por sí solas el malestar juvenil, pero sí pueden intensificarlo. En ellas se comparan constantemente vidas aparentemente perfectas, se difunden noticias falsas y se premian los mensajes más agresivos. Muchos jóvenes reciben una visión distorsionada del éxito: dinero rápido, fama inmediata y reconocimiento sin esfuerzo. Al mismo tiempo, el consumo permanente de contenidos negativos puede generar ansiedad, frustración y una sensación de que nada merece la pena.
Sin embargo, culpar exclusivamente a las redes sería demasiado sencillo. La educación también tiene una responsabilidad importante. Muchos estudiantes terminan sus etapas escolares sin conocimientos suficientes para desenvolverse en la vida adulta: desconocen cómo gestionar su dinero, interpretar un contrato, buscar empleo o participar de manera crítica en la sociedad. El profesorado trabaja en condiciones complejas y no debe ser convertido en el único responsable, pero el sistema educativo necesita reformas profundas, estabilidad y objetivos claros. No es razonable que cada cambio político modifique las reglas y que los alumnos sean utilizados como instrumentos de enfrentamiento partidista.
La familia desempeña igualmente un papel esencial. Algunos padres, con la intención de proteger a sus hijos, les conceden todo lo que piden y evitan que afronten las consecuencias de sus decisiones. Educar no significa satisfacer todos los deseos ni eliminar cualquier dificultad. Significa enseñar esfuerzo, responsabilidad, respeto y capacidad para tolerar la frustración. Un joven que nunca ha tenido límites puede encontrarse mal preparado para un mundo laboral y social que no siempre será amable ni complaciente.
Respecto a la justicia y a la protección de los menores, es necesario mantener una postura equilibrada. Los menores deben contar con garantías y oportunidades de reinserción, porque todavía están en proceso de formación. Pero protegerlos no puede confundirse con justificar cualquier conducta ni con transmitir la sensación de que sus actos no tienen consecuencias. Las leyes deben ser claras, proporcionales y eficaces. Las víctimas necesitan apoyo, y quienes cometen delitos deben asumir responsabilidades adecuadas a su edad y situación. Cuando la ciudadanía percibe impunidad, la confianza en las instituciones se deteriora aún más.
En definitiva, España no está mal únicamente por culpa de los políticos, de los jóvenes, de los padres, de los profesores o de las redes sociales. El problema es más amplio: existe una combinación de desigualdad, precariedad, mala gestión, falta de educación cívica, polarización y pérdida de confianza. Señalar a un solo culpable puede resultar cómodo, pero no sirve para resolver nada.
El hartazgo debe convertirse en exigencia democrática, no en indiferencia ni en violencia. Los ciudadanos tienen derecho a reclamar políticos honestos, servicios públicos eficaces, justicia independiente y oportunidades reales. Los jóvenes, por su parte, necesitan recuperar la esperanza, pero también asumir que participar, informarse y esforzarse forma parte de la solución. España no cambiará con quejas repetidas en las redes sociales ni con promesas vacías. Cambiará cuando la sociedad exija responsabilidad a sus dirigentes y, al mismo tiempo, acepte que todos tienen una parte de responsabilidad en el futuro del país.
Un Ciudadano
