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El Ayuntamiento de Barcelona ha contratado un servicio de vigilancia especial para evitar las okupaciones de espacios en los mercados municipales que se han multiplicado los últimos meses.
“En los últimos meses, se ha podido constatar que se está produciendo una situación de presencia de asentamientos y pernoctas diarias de personas en los ámbitos de las plantas logísticas, accesos y zona de aparcamiento de varios mercados municipales”, recoge un informe interno municipal.
La situación se agrava
La situación se ha ido agravando paulatinamente. “Actualmente, la situación incluso se ha vuelto más complicada y de mayor gravedad por el incremento de personas que ocupan determinados mercados, que se han ubicado en varios espacios de las distintas zonas logísticas de las plantas subterráneas”, añade el informe.
Una parte de estos asentamientos, señalan en el Ayuntamiento, “se han instalado en espacios donde se encuentran las salidas de emergencia del mercado, situación que genera un riesgo relevante en el caso de que se tenga que desalojar el mercado en caso de emergencia, dado que pueden dificultar o impedir las funciones propias de las evacuaciones”.
Graves problemas de inseguridad
Hasta el momento, la situación se había ido sorteando al echar mano de las fuerzas policiales de la Guardia Urbana y los Mossos d’Esquadra, así como de los servicios sociales y distintas unidades de los servicios territoriales municipales.
Los informes internos del propio consistorio hablan de que la situación ha provocado “problemas graves de problemáticas de inseguridad hacia la ciudadanía (clientes y propios profesionales del mercado)”, puesto que afecta tanto a los profesionales que tienen las paradas como a los usuarios del recinto.
La última actuación conflictiva tuvo lugar en el mercado de Vall d’Hebron, “porque se había detectado de nuevo la presencia de personas que, sin autorización, se introducían en el mercado y pernoctaban en él”.
Esa situación se llegó a discutir en la mesa de sinhogarismo del distrito de Horta-Guinardó. Finalmente, fue la Guardia Urbana la que tuvo que emplearse a fondo para desalojar a los okupantes.
Garantizar la salubridad
Ese acontecimiento provocó que los responsables municipales decidiesen contratar un servicio específico para preservar los 40 mercados públicos de okupaciones ilegales. Se trata de una vigilancia permanente sin armas, para evitar tener que utilizar con frecuencia los servicios policiales.
Es más, el número de centros públicos a vigilar es tal que desborda las previsiones de las fuerzas del orden.
Los vigilantes deberán solucionar cualquier problema relacionado con okupaciones sobrevenidas, desokupaciones o “cualquier otra incidencia que altere el normal desarrollo del servicio público de mercados, incluyendo la garantía de salubridad, el uso indebido de las instalaciones y la seguridad de los trabajadores y usuarios”.
Prueba piloto
La empresa adjudicataria está obligada, según el contrato, “a disponer de un registro permanentemente actualizado que garantice la correcta identificación de cada punto de vigilancia, así como la trazabilidad completa de las actuaciones realizadas”.
El contrato, considerado como una prueba piloto del servicio, fue formalizado el pasado 22 de octubre y se lo llevó la sociedad Alerta y Control, por un monto de 83.515 euros y seis meses de duración.
Conforme se desarrollen los acontecimientos, el contrato prevé que pueda haber hasta tres prórrogas más de seis meses cada una, lo que elevaría el periodo hasta dos años y el coste a algo más de 330.000 euros.
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