lunes, 16 de noviembre de 2026

Canal Noticias : ¿Está la economía española preparada para el ciudadano 50 millones?

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Fotografía de la calle Preciados, una de las principales arterias comerciales del centro de Madrid, repleta de gente.
Fotografía de la calle Preciados, una de las principales arterias comerciales del centro de Madrid, repleta de gente.

España está a punto de alcanzar los 50 millones de habitantes y los 20 millones de hogares. Sin este hito demográfico es imposible entender el dinamismo que el mercado de trabajo y la economía nacional han experimentado los últimos años. Es un ingrediente esencial de ese 'milagro' que ha permitido al país capear las últimas crisis energéticas y de inflación o las tensiones geopolíticas, pero también un reto de proporciones gigantes. El aumento de la población ha impulsado el crecimiento de la actividad, pero no garantiza por sí solo una mejora del bienestar, de la productividad, de los salarios o de la riqueza por habitante. ¿Está preparada la economía para el ciudadano 50 millones?

El Instituto Nacional de Estadística (INE) confirmó la semana pasada que España había alcanzado los 49.935.642 de habitantes a 1 de octubre. En una sola década, la población se ha incrementado en más de 3,4 millones de personas. En las últimas dos lo ha hecho en 5,15 millones, al calor de los flujos migratorios. Funcas, la fundación de las Cajas de Ahorros, calcula que la incorporación de trabajadores extranjeros explica prácticamente la mitad de todo el crecimiento acumulado del PIB desde el año 2022.

Una población más numerosa suele generar más producción, elevar el consumo y promover la actividad económica, pero esto no implica necesariamente que mejore el nivel de vida de sus ciudadanos. Para lograrlo, los economistas inciden en que el incremento en el número de habitantes debe ir acompañado como mínimo de más inversión, de mejor formación o de empleos de mayor valor añadido... pero no solo. "La economía española no está preparada para una población de 50 millones de habitantes", señala a La Información Económica Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas, que advierte sobre la necesidad de aumentar, entre otras, la inversión en infraestructuras (de transporte, energéticas o del mantenimiento de la red de embalses) y en vivienda. 

La crisis habitacional es uno de los principales retos presentes y futuros. El Banco de España (BdE) ya ha venido advirtiendo de que la creación de nuevos hogares avanza mucho más rápido que la construcción de viviendas allí donde se concentra la demanda. El organismo identifica como causas de este desequilibrio, que explica el fuerte aumento de los precios de compra y de alquiler, la insuficiencia de suelo urbanizado, la lentitud de los desarrollos urbanísticos, la falta de trabajadores cualificados en la construcción y los elevados costes de los materiales. 

La entidad capitaneada por José Luis Escrivá insiste en que si no se amplía la oferta residencial, el incremento del número de habitantes puede intensificar la presión sobre los alquileres y los precios de compra, poner más trabas a la emancipación de los jóvenes y ampliar las desigualdades entre las generaciones de propietarios y las de inquilinos. Hacen falta más viviendas, pero también que esa mayor oferta esté disponible en los lugares donde se concentra el empleo y la demanda. 

Repensar los presupuestos

En opinión de Raymond Torres esto implica "repensar" la estructura de los presupuestos públicos, dado que los últimos tres años de prórrogas es que, si bien el gasto público ha crecido más de lo que se podía pensar para una situación de este tipo, lo ha hecho en componentes que tienen poco que ver con ese déficit de infraestructuras o de vivienda. "Ha crecido desde las pensiones a la defensa, pasando por las transferencias autonómicas, sin que se perciba esa mejora de mantenimiento de infraestructuras o de recuperación del sector de vivienda que esté a la altura del crecimiento del gasto total", señala. El ciudadano 50 millones necesita que haya un replanteamiento de los presupuestos generales del Estado.

Para que la economía sea capaz de absorber el crecimiento demográfico es imprescindible mejorar los servicios públicos, la capacidad de la sanidad, la educación, el transporte, las redes de abastecimiento de agua y el suministro energético. Esto supondrá un esfuerzo presupuestario extra para las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que soportan buena parte de este gasto. Al mismo tiempo y si se tienen en cuenta las proyecciones del INE, el aumento de población no se distribuirá de manera homogénea por el territorio, sino que será más acusado en comunidades como la Valenciana y Baleares, al tiempo que otras como Extremadura y Asturias podrían perder habitantes. 

Esto puede agravar las diferencias entre territorios, dado que las zonas que crecen necesitarán más infraestructuras y servicios, mientras que las que pierden población pueden encontrarse con dificultades para mantenerlos. El propio BdE ha advertido de que el endeudamiento público y el déficit estructural limitan el margen de actuación de las administraciones. Una población mayor puede aumentar la recaudación fiscal y las cotizaciones sociales gracias al crecimiento del empleo, el consumo y la actividad empresarial, pero también exige más recursos para financiar las pensiones, la sanidad, la educación, la dependencia y las infraestructuras.

En La España de los 50 millones de habitantes, la Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y Sociales, perteneciente a la patronal Foment del Treball, apuesta por incluir otra variable importante a la ecuación: los casi 100 millones de turistas que suponen, en la práctica, un tipo de población flotante y cuya concentración en determinadas zonas del litoral mediterráneo, los archipiélagos y Madrid aumenta la presión sobre las infraestructuras, los servicios públicos, la vivienda y los recursos y equipamientos urbanos.

Las proyecciones de gasto son bastante llamativas cuando a todo lo anterior se suma el envejecimiento de la población. El desembolso del sector público pasará de representar el 44,7% del PIB de 2023 al 48,4% en 2041, impulsado por las pensiones, la sanidad y los cuidados de larga duración, según cálculos de la Autoridad Fiscal (AIReF). Este es, de hecho, uno de los mayores desafíos financieros para el país dado que, si bien la afiliación media y los salarios brutos han aumentado, la relación entre cotizantes y pensionistas se mantiene prácticamente estable en 2,51. El desembolso en estas prestaciones supera los 172.000 millones anuales y va en aumento. 


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